El trabajo de investigación y las pruebas presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras permitieron que la justicia se pronunciara a favor de este pueblo ancestral, integrado por las comunidades Embera Katio de Tumburrulá, Loba Estrella, Ziparado y Cítra.
Con la decisión de las autoridades, 180 familias del resguardo fueron beneficiadas. El pronunciamiento de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, declaró imprósperas las oposiciones presentadas para seguir ocupando el territorio y ordenó restablecer el goce efectivo de los derechos territoriales.
En el fallo fue ordenada la entrega del territorio y el acompañamiento de la Fuerza Pública, quien además deberá garantizar la seguridad del resguardo; la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberán excluir la expedición de títulos sobre el territorio; la Unidad de Víctimas deberá identificar a las comunidades que han sido desplazadas y diseñar un plan de retorno; y el Centro de Memoria Histórica aunará realizará el relato histórico de las afectaciones, entre otros beneficios.
“Con el pronunciamiento del Tribunal de Antioquia se reafirman los derechos territoriales del Resguardo Tanela sobre 989 hectáreas, y un aumento de su área en 40 hectáreas. Estas comunidades son vitales en la ruralidad del país; con el trabajo de la tierra ellos buscan beneficios para sus familias, conservan sus tradiciones culturales y aportan a la economía del país”, afirmó el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro Forero.
Los grupos ilegales han buscado por décadas el control del territorio de la comunidad indígena Tanela. En 1970, las Farc llegaron a la zona; en 1985, el turno fue para las autodefensas al mando de Fidel Castaño quienes, en el 90, consolidaron su presencia con las acciones emprendidas por el bloque Elmer Cárdenas, al mando de alías El Alemán. Tras la desmovilización de las AUC, el Clan del Golfo comenzó a operar en la región.
Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación deberá dar inicio a la investigación de las posibles conductas punibles que afectaron los derechos territoriales de la comunidad indígena Tanela.
