La Procuraduría General de la Nación se toma las riberas de la parte baja del río Cauca, desde Antioquia hasta La Mojana en Bolívar, para verificar las condiciones de afectación a las poblaciones, ambiente y economía de los cerca de 20 municipios que pudieran resultar afectados por el cierre de la compuerta No. 1 del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
El Ministerio Público, a través de los procuradores provinciales, regionales, judiciales ambientales, personeros y Defensoría del Pueblo, bajo la coordinación del Procurador Delegado Ambiental, verificará el cumplimiento por parte de EPM del plan de contingencia, de recuperación y de reincorporación de especies de fauna y flora, así como las acciones de gestión social que se deberán iniciar en conjunto con las administraciones locales y corporaciones autónomas.
Atendiendo los reclamos de las comunidades, el Viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González, junto con un equipo técnico de la Procuraduría, verificará el impacto socio ambiental aguas abajo de la represa, bajo el entendido de que este no solo cobija a los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, en el departamento de Antioquia, sino que puede extenderse hasta los municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar que comprenden la región de La Mojana, donde la población asentada superaría las 120.000 personas.
Así mismo, requerirá a las corporaciones autónomas regionales para que informen las medidas de seguimiento que han tomado con ocasión de los anuncios de EPM y del proyecto Hidroituango, y para que manifiesten qué medidas de emergencia están evaluando y cuáles son los efectos que tienen valorados por esta última contingencia.
La Procuraduría exhorta a las autoridades locales a dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la Circular 01 del 2019, para la puesta en funcionamiento de todos los mecanismos de prevención necesarios, que permitan anticiparse a cualquier daño social y ambiental por causa de esta nueva emergencia en Hidroituango.
