Al resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Quibdó (Chocó), con funciones de control de garantías, revocó la medida no privativa de la libertad que tenía la alcaldesa de la capital chocoana para el período (2012 -2015), Zulia María Mena García, y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
La ahora exmandataria fue capturada inmediatamente después de concluida la audiencia de segunda instancia.
Con la misma decisión fueron afectados el ex asesor jurídico de la alcaldía Luis Alberto Rivera Ayala y el particular Samir Bechara Simanca, quienes también gozaban de la medida no privativa de la libertad. Dicha medida les fue concedida a los tres investigados el 29 de noviembre de 2018 por el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó.
Al desatar el recurso elevado por la Fiscalía y el representante del Ministerio Público, el fallador destacó que existen suficientes materiales probatorios para inferir de manera razonable la autoría y participación de los tres investigados en los hechos de corrupción. Explicó además que su libertad puede ocasionar una obstrucción a la justicia.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos para la construcción de escenarios deportivos para los Vigésimos Juegos Nacionales de 2015.
De acuerdo con el proceso penal adelantado por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Quibdó, los procesados habrían adquirido dos lotes de terreno para la construcción y/o adecuación de canchas y otros escenarios para el certamen deportivo, con un sobrecosto superior al 1000%.
Los investigadores evidenciaron que se habrían alterado los peritajes de propiedad raíz para que algunos particulares pudieran vender los predios a la Administración Municipal, hasta por diez veces más de su valor real. La Fiscalía determinó que el detrimento patrimonial superó los 2130 millones de pesos.
Se estableció además que se falsificaron los soportes técnicos del peritaje para hacer aparecer los lotes con acceso a redes de servicios públicos domiciliarios, cuando en realidad solo contaban con aljibes y vertederos. La Fiscalía determinó también que los dos predios adquiridos fueron seleccionados de manera caprichosa y arbitraria, sin reparar que los mismos eran predios rurales y alejados de ciudad, y carentes de servicios públicos.
En otras palabras, se adquirieron, de manera amañada, dos predios rurales sin la mínima infraestructura para la construcción de los escenarios que se requerían, por un valor diez veces superior al real y con el objeto de beneficiar a un particular. Además, los terrenos tenían un pleito judicial pendiente y estaban afectados por hipotecas.
Pese a la oposición y las recomendaciones técnicas de Coldeportes, la exalcaldesa seleccionó los lotes en contravía de las leyes de reforma urbana y de ordenamiento territorial, que especifican las características para compras inmobiliarias destinadas la construcción de escenarios deportivos.
Bechara Simanca, vendedor de uno de los cuestionados lotes, es hermano de una persona que financió económicamente la campaña política de Mena García, como candidata a la Alcaldía de Quibdó para el año 2007.
Los procesados deberán responder por delitos como celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación, ambas conductas en concurso homogéneo y sucesivo y con circunstancias de mayor punibilidad.
Los hechos se presentaron entre los años 2013 y 2015, cuando la señora Mena García fungía como alcaldesa de la capital chocoana.
Los concejales también deben responder
En los próximos días la Fiscalía también imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra 15 concejales de Quibdó, y un diputado a la Asamblea Departamental, por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Los cabildantes habrían tramitado y aprobado dos acuerdos (el 051 del 16 de diciembre de 2013 y el 032 del 27 de diciembre de 2014), por medio de los cuales se incorporaron, de manera irregular, 7 kilómetros de terrenos rurales al perímetro urbano, en la vía que de Quibdó conduce la municipio de Yuto. De esta manera se mutaron terrenos improductivos, fincas agrestes y porquerizas, en latifundios de uso industrial y comercial, para inflar el precio de los terrenos que ofrecían los vendedores.
A la investigación también serán vinculados varios peritos de la Lonja Chocó.
