Sobre tres puntos esenciales se firmó el acuerdo que permitió dar solución a la situación presentada ayer en el Edificio Avianca.
A través del diálogo de los representantes de las comunidades embera de la ciudad de Bogotá con las entidades que trabajan conjuntamente en los diferentes procesos, se logró pactar un acuerdo que permitió la disolución de la acción de hecho presentada el día de ayer en el Edificio Avianca.
Los acuerdos firmados por la comunidad, los representantes de las diferentes entidades y de la personería de Bogotá como garante responden a tres procesos:
1. Amenazas a líderes y al pueblo Embera: Se acordó sostener una reunión donde los representantes expondrán sus preocupaciones por las diferentes amenazas que enfrentan.
2. Plan de Retorno: Se acordaron los pasos a seguir para dar una respuesta real a los desafíos que implica movilizar 487 personas, que representan 105 familias y 120 toneladas de enseres a los territorios ancestrales, en este caso, a Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, como primera movilización, la cual se realizará el 25 de septiembre. Adicionalmente, se concertó un plazo adicional para los habitantes del Resguardo del Alto Andágueda en Bagadó, Chocó. Este plazo vence en octubre.
En este sentido, a través de la Personería, se garantizó el seguimiento a los entes territoriales de la Procuraduría para la Paz para que se cumpla lo pactado y lo más importante, se cuente con el apoyo pleno de las entidades territoriales a cargo.
3. Atención Humanitaria: En los próximos días se realizarán tres jornadas para la actualización de información de las familias, su estado y la programación de los giros para quienes no lo tienen programado.
Todos los participantes en el espacio acordaron que el diálogo es la mejor salida para cualquier situación y en un espacio donde priman el respeto por los derechos humanos y la firme convicción de llegar a acuerdos siempre se encontrará la mejor forma de resolver las diferencias.
Por último, la Unidad para las Víctimas informa que rechaza las vías de hecho y la utilización de niños y niñas en las protestas, ya que son Sujetos de Especial Protección Constitucional.
