Se ratificó el “diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, garantía de los derechos fundamentales y resolución pacífica de conflictos”.
Se definió hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal”.
Sostuvo el Procurador General que “se trata es de reforzar toda la acción del Estado y de levantarnos para evitar una muerte más”.
Anunció la expedición de una circular que conmina a alcaldes y gobernadores a “comprometerse con la protección y la integridad física e intelectual de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
“No pueden ser espectadores, ni convidados de piedra frente al asesinato de líderes y defensores de derechos humanos”.
Apartadó, 23 de agosto de 2018. El Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos suscribieron en este municipio del Urabá antioqueño el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, que establece la hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal”.
Para el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien lideró la Segunda Mesa por la Protección a la Vida, la firma de este pacto constituye “un día muy importante que tiene que marcar una pauta, que tiene que romper en dos la historia de todo este derrame, de toda esta sangría en la que se han visto comprometidos los líderes sociales y los defensores de derechos humanos”.
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, acogió la petición del jefe del Ministerio Público y se comprometió a presentar en las próximas semanas una política pública que permita que todas las autoridades del Estado defiendan estructuralmente la vida y la honra de los líderes y defensores de derechos humanos, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.
El primer mandatario y el jefe del Ministerio Público calificaron esta segunda mesa como un ‘gran hito’, en especial porque con el pacto se ratificó al “diálogo social como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, garantía de los derechos fundamentales y resolución pacífica de conflictos”.
Para el Procurador General lo que se busca “es reforzar toda la acción del Estado y levantar a la sociedad para evitar una muerte más. Nosotros no podemos acostumbrarnos a ese taxímetro dentro de esa sangría y mirar para otro lado”.
Advirtió que como jefe del órgano de control anunció la expedición de una circular que conmina a alcaldes y gobernadores a comprometerse con la protección y la integridad física e intelectual de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“No pueden ser espectadores, ni convidados de piedra frente al asesinato de líderes y defensores de derechos humanos”, señaló Carrillo Flórez tras revelar la existencia de más de 30 investigaciones que incluyen la estigmatización que han puesto en riesgo la vida de estos líderes sociales.
“La UNP ha colapsado”
El jefe del Ministerio Público lamentó el colapso que enfrenta la Unidad Nacional de Protección y pidió al Gobierno Nacional duplicar el presupuesto para que la UNP pueda prestar el servicio que requiere el país, dejando atrás “procedimientos caducos de protección con chaleco, carro, chofer y botón de pánico, totalmente urbanos y así empezar a considerar cuáles son los actores de riesgo dentro de los territorios”.
En este sentido, pidió acabar con la farsa de los funcionarios que inventan argumentos para mantener esquemas de seguridad innecesarios, “desenmascarar a los que siguen pavoneándose en las capitales de este país diciendo que tienen amenazas de seguridad. Muchos de nuestros líderes sociales son los que necesitan realmente de esa protección”.
A la firma de este pacto asistieron 90 organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros; el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el Embajador de Estados Unidos en Colombia; Kevin Whitaker; el director de la Agencia EE.UU. para el Desarrollo Internacional “USAID” en Colombia, Lawrence Sacks; los ministros de Defensa, Guillermo Botero; de Justicia, Gloria María Borrero; del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga Vargas, y los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; de Chocó, Jhoana Carlos Palacios, y la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Devia, entre otros.
De la Procuraduría General asistieron el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; los delegados para Asuntos Étnicos, Richard Moreno; para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas, Elena Ambrosi Turbay; para la Defensa de los Derechos Humanos, Gabriel Cera Cantillo, y el secretario privado de la Entidad, Hubert Dario Ariza.
Pacto por la Vida
El primer punto del Pacto por la Vida establece que “el Gobierno Nacional iniciará de manera inmediata, a través del Ministerio del Interior, el diseño participativo de una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial. En dicha labor se involucrarán activamente las plataformas de derechos humanos, las organizaciones sociales, la Fuerza Pública y los entes territoriales, con el acompañamiento del Ministerio Público desde la Mesa de Protección a la Vida y de la comunidad internacional”.
En el segundo punto indica que el “Gobierno Nacional continuará en su esfuerzo para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en materia de seguridad, protección colectiva, lucha contra la impunidad; garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional; y acelerará el programa de medidas colectivas de seguridad; así como el programa de protección para lideresas”.
