En los últimos meses, las amenazas a los líderes sociales de Chocó han aumentado; varios reclamantes de tierras han sido asesinados. El tema ha tenido en tensión a las comunidades, a las entidades del Estado y a la sociedad civil, quienes tienen diversas posiciones y cifras al respecto.
El encuentro de los líderes y las entidades del Estado se realiza en la Mesa Multiactor que convoca Cinep-PPP, en Apartadó, para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares de los procesos de reclamación de derechos territoriales de la región, además de garantizar la restitución, la protección de los líderes y el retorno integral de las comunidades.
Desde Acandí, Riosucio y otros municipios, en bus, lancha y avión llegaron los líderes de cinco consejos comunitarios reclamantes de derechos territoriales en el norte del Chocó. Representan más de ocho mil personas, agrupadas en 3.200 familias que reclaman alrededor de 200 mil hectáreas que han habitado ancestralmente, un área mucho mayor que lo que ocupa Bogotá (177 mil hectáreas), que conecta a Colombia y Panamá, alberga una amplia diversidad de fauna y flora, y es rica en bosques y minería.
Hoy martes las comunidades han revisado una a una las medidas cautelares que ha emitido el juez de tierras de Chocó, con lo que han determinado claramente cuáles entidades han cumplido, cuáles no, qué ordenes han sido implementadas y cuáles han sido evadidas. Mañana miércoles, los líderes se reunirán con los representantes de entidades del Estado como la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hacer el seguimiento en conjunto y obtener nuevas respuestas.
Son cinco Consejos, dos resguardos indígenas y tres de comunidades afro las que se han unido a revisar en conjunto los procesos:
– El resguardo de Urada-Jiguamiandó (Carmen del Darién);
– El resguardo de Chidima y Pescadito;
– El Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla;
– El Consejo Comunitario de comunidades negras de la cuencua del río Tolo y zona costea sur (Cocomasur).
– Y el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu), al que pertenecía Mario Castaño, asesinado el 26 de noviembre de 2017, y Porfirio Jaramillo, asesinado el 29 de enero pasado.
