Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación el gobierno convocó de urgencia a una sesión extraordinaria del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, para la puesta en marcha de medidas que hagan frente a las amenazas contra la población reclamante de tierras, líderes sociales y defensores de derechos humanos del Bajo Atrato chocoano.
La Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas advirtió que es necesario el diseño e implementación de un plan de acción que garantice los derechos a la vida, la libertad e integridad de los habitantes de Riosucio, Carmen del Darién, y de las cuencas de los ríos Domingodó, Truandó, Salaquí y Cacarica, entre otros.
El ente de control precisó que en la sesión programada por el Ministerio del Interior para el jueves 8 de febrero, en Quibdó, es imperativo que las entidades del nivel nacional que hacen parte del Subcomité, creado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011, así como el Gobernador del Chocó, presenten las acciones y medidas que pondrán en marcha para atender la situación de la población.
La Procuraduría identificó una grave crisis humanitaria en el Bajo Atrato y en el Alto, Medio y Bajo Baudó, a raíz de las denuncias hechas por la comunidad, las alertas tempranas, informes de riesgo y notas de seguimiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, así como de la situación evidenciada en las visitas de verificación y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T – 025 de 2004, para amparar a la población víctima de desplazamiento forzado. Esta situación fue informada por la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional el pasado 16 de enero.
