La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Gobierno que convoque una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, para socializar los cambios propuestos en la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas del conflicto armado.
En carta enviada a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto, urgieron la necesidad de que se socialice el proyecto de decreto que prepara el Gobierno Nacional para modificar algunas disposiciones del Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social.
Para las entidades “el proyecto de decreto plantea cambios sustanciales en lo referente al trámite, procedimiento, mecanismos, montos, criterios de priorización y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas del conflicto armado”, por lo que es fundamental que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, en su rol de coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas, lo socialice lo antes posible con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
En la comunicación llamaron la atención sobre la necesidad de brindar una respuesta a las víctimas frente a las observaciones que presentaron en diciembre a los lineamientos de la ruta propuesta, y que se resuelvan las inquietudes que puedan surgir con relación al nuevo proyecto, lo que hace necesaria la asistencia de representantes de otras entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social.
La carta fue firmada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y el Defensor del Pueblo (e), Jorge Enrique Calero Chacón, como integrantes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
