El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, reclamó que el Gobierno nacional y las autoridades acompañen a las comunidades de El Litoral del San Juan que han denunciado una amenaza latente de grupos armados ilegales que actúan en la zona.
En compañía de una comisión de alto nivel, el Defensor verificó durante tres días las condiciones humanitarias y de seguridad de los habitantes de los diferentes corregimientos que componen el municipio en la ribera del río San Juan. Los pobladores, comunidades afrocolombianas e indígenas, expresaron que la acción de grupos violentos los tiene confinados, restringiendo sus derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación, entre otros.
“El llamado también es a la fuerza pública y la Policía para que se queden en los ríos del Chocó y así evitar que transiten la ilegalidad y los violentos.”, pidió el Defensor Negret Mosquera.
Además, comprobó que no se han garantizado las condiciones de dignidad ni de seguridad a las familias retornantes a sus viviendas. “Es preocupante que todavía existan estos efectos indeseables del conflicto armado y perduren en el territorio. Contamos con el compromiso de la Armada Nacional para que los habitantes puedan regresar con todas las garantías”, agregó.
En el abandono
El Defensor visitó el corregimiento de Carrá, donde en marzo pasado fueron asesinados cinco personas y que permanece abandonado. “Estas son las cosas que no pueden volver a ocurrir en Colombia. Es absurdo que las personas de bien tengan que irse por la fuerzas de las balas”, comentó luego de ver como los útiles escolares y de cocina siguen donde los dejaron sus habitantes luego de salir precipitadamente.
La comisión también visitó y recibió información de la realidad humanitaria de las comunidades indígenas Wounaam que habitan en Burujón, Puerto Guadualito, Unión San Juan, Pichimá Quebrada, Pichimá Playa y Docordó. En esta última, la cabecera municipal, el Defensor convocó a las autoridades locales, regionales y nacionales a dar cuenta de las acciones de acompañamiento a las comunidades víctimas.
“El gasto económico y social en las regiones como el Chocó no debe ser una carga para las autoridades municipales. Corresponde al Gobierno Nacional solventar esta necesidad sin reparo”, puntualizó.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, anunció una nueva visita humanitaria a Riosucio, en el norte del Chocó para noviembre y otra a Guapi (Cauca) en diciembre para revisar la situación del andén pacífico.
