El Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Apartadó (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio contra 5 mujeres por su presunta responsabilidad en actos de corrupción, que provocaron un detrimento patrimonial superior a los 320 millones de pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en ese municipio.
Con la decisión judicial fueron afectadas Osdoly Pulgarín Rueda, exgerente del Icbf en la zona de Urabá; Luz Estela Muñoz Agudelo, funcionaria del ICBF; y las contratistas Denis González Negrete, Katherine Keila Altube y Judith Morelo Padilla, quienes fueron aseguradas por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La captura de las investigadas fue realizada por el CTI Antioquia, con el apoyo de la Brigada XVII de Ejército Nacional, en la ciudad de Medellín y en los municipios de Turbo y Apartadó.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en el año 2014, se registraron algunas irregularidades como avalar gastos personales, haciéndolos pasar como inversiones necesarias para la prestación de servicios en varios hogares infantiles.
Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación establecieron que se habrían adquirido objetos personales como televisores, zapatos y otros artículos, que luego fueron facturados como compras indispensables para los hogares infantiles que administraban las mencionadas contratistas. El desembolso de los recursos era aprobado, supuestamente, por las funcionarias del Icbf.
Ninguna de las procesadas se allanó a los cargos que les imputó un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia.
La Fiscalía apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito y solicitó medida de aseguramiento carcelario.
