Una nueva víctima mortal dejan los fuertes combates entre actores armados ilegales que tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, en la cuenca del río Truandó, jurisdicción del municipio de Riosucio departamento del Chocó. La víctima era una mujer indígena de 22 años, hija de padres de las comunidades Wounaan y Embera y madre de 4 hijos, quien fue impactada por una bala perdida producto de la confrontación armada.
La Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR – constata con profunda preocupación la situación de riesgo de desplazamiento inminente para las comunidades afrodescendientes e indígenas de las cuencas de los ríos Truandó y Domingodó en el departamento del Chocó, debido a la disputa por el control del territorio por parte de actores armados ilegales, que se ha recrudecido desde marzo del presente año. En menos de una semana dos personas de las comunidades han sido asesinadas en la cuenca del río Truandó en este contexto.
Las comunidades que habitan estos territorios se han visto extremadamente vulneradas en sus derechos, con hechos que incluyen incidentes y accidentes por contaminación por minas antipersonal (MAP), homicidios selectivos, amenazas e intimidación, combates y hostigamientos, limitaciones a la movilidad, decomiso de alimentos, desplazamientos forzados y confinamiento. Numerosos han sido los llamados de organizaciones étnico territoriales tanto afro como indígenas frente a esta situación, sin que hasta el momento la respuesta de las instituciones del Gobierno a nivel local, regional y nacional haya sido
eficiente frente al riesgo y las emergencias de desplazamiento que se han presentado.
La comunidad indígena Wounaan Juin Duur, alrededor de 100 personas, tiene riesgo inminente de desplazamiento hacia la cabecera municipal de Riosucio, para proteger su vida frente a las amenazas en su territorio. Por su parte, la población de la comunidad Emberá de Kiparadó La Loma, 38 familias, a pesar del contexto de peligro, ha tomado la decisión de permanecer en el territorio, pues consideran que no hay garantías suficientes frente a la atención estatal que les podrían ofrecer en Riosucio, en caso que se desplacen. Esta situación, por supuesto, incrementa su riesgo.
ACNUR tiene presencia de monitoreo y acompañamiento permanente a estas comunidades desde el año 2002 y ha podido constatar cómo las amenazas y violaciones a sus derechos se han incrementado en lo que va corrido del año. La misma situación ha sido constatada por la Defensoría del Pueblo, que ha emitido diferentes alertas de riesgo al respecto.
ACNUR respalda las organizaciones étnico territoriales, tanto indígenas como afros, del orden local y regional en la exigibilidad de la protección de sus derechos étnico territoriales y de su vida, integridad y libertad.
ACNUR hace un llamado urgente a los actores armados ilegales para que respeten y no involucren ni afecten a la población civil que habita el territorio. Así mismo, urge a las autoridades nacionales, regionales y locales, con responsabilidad en la protección de los derechos de las comunidades, a que actúen con celeridad frente a la situación de extrema vulnerabilidad que viven las comunidades y activen todas las respuestas estatales previstas en los distintos planes para garantizar su derecho a permanecer en el territorio, pero así mismo, el acceso a las medidas de atención cuando se da el desplazamiento.
