Funcionarios de la Entidad han podido verificar el respeto a los derechos humanos de los extranjeros por parte de las autoridades nacionales y el apego a la normatividad colombiana.
En medio de las dificultades propias que significa la deportación del gran número de inmigrantes irregulares que han permanecido durante las últimas semanas en el municipio de Turbo (Antioquia), la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que los procedimientos adelantados por la autoridades colombianas se vienen llevando a cabo con apego a la normatividad vigente.
Los funcionarios de la Entidad, que han venido haciendo el acompañamiento humanitario permanente de los inmigrantes durante las últimas semanas, han verificado que los procedimientos de deportación que se adelantan no han afectado los derechos fundamentales de los inmigrantes, a pesar de las tensiones propias de una situación tan compleja por la que atraviesan estas personas.
En desarrollo de actividades de control en hoteles de Turbo, durante la última semana sólo se deportaron de manera obligatoria a 16 extranjeros, procedimiento administrativo que ha contado con las garantías de debido proceso y el acompañamiento de la Defensoría. Sin embargo, la mayoría de las personas han manifestado su voluntad de abandonar el territorio nacional en los próximos días.
Vale destacar que en la última semana han acudido a las Oficinas de Migración Colombia en Turbo 323 cubanos solicitando la deportación voluntaria, a quienes las autoridades les han otorgado salvoconductos para que en un plazo de cinco días puedan salir por cualquier frontera del país. De la misma forma, se constató la salida de 65 haitianos y 49 cubanos por el muelle El Waffe del municipio de Turbo y se espera que hoy lo hagan otros 80 migrantes.
Esto se ha logrado gracias a la instalación de un puesto de mando unificado que coordina, desarrolla y evalúa las actividades de todas las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para atender la situación de los1.372 inmigrantes censados por la Defensoría.
La deportación es una medida legítima del Gobierno Nacional, por lo cual la Defensoría del Pueblo fortaleció su presencia en el terreno para verificar que los procedimientos que allí se apliquen sean absolutamente respetuosos de los derechos humanos.
De la misma forma, la Entidad reconoce que el ingreso y permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional supone un tratamiento no solamente consagrado en la ley sino soberano por parte del Estado colombiano y que, por lo tanto, la crisis humanitaria que se ha registrado en Turbo con la llegada de migrantes no fue provocada por el Gobierno.
Por último, destaca que permanecerá vigilante durante los próximos días en el marco de los procesos que sigan adelantando las autoridades migratorias del país, con apego a los tratados internacionales vigentes y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
