La acentuada presencia de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN ha propiciado condiciones de vulnerabilidad para cerca de 1.200 habitantes de Río Iró, el Litoral de San Juan y la zona rural de Nuquí.
Pese a la reacción de las Fuerzas Militares para mitigar el impacto de los enfrentamientos que la semana pasada protagonizaron guerrilleros del ELN y miembros de las Autodefensas Gaitanistas en el corregimiento Boraudó del municipio de Lloró, en el departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre las delicadas condiciones de vulnerabilidad que afrontan las comunidades indígenas y afrocolombianas en esa región del país por la presencia de estos grupos armados ilegales.
Y es que si bien las 77 familias (176 personas) que se habían desplazado hacia Yuto pudieron retornar gracias al acompañamiento del Ejército, el temor se mantiene y se ha extendido a otras zonas donde los pobladores conviven en medio del confinamiento producido por las acciones de ambas estructuras.
Es así como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó un claro escenario de riesgo para 700 habitantes del Consejo Comunitario Nóvita Iró, ubicado en el corregimiento Encharcazón de Río Iró, donde la presencia del frente Cacique Calarcá del ELN y los Gaitanistas ha estado marcada por el uso de bienes civiles para resguardarse y las amenazas constantes a quienes se encuentran en esos asentamientos.
Paralelamente, 110 familias de las comunidades de Cucurrupí y 16 de la vereda Puerto Limón en el Litoral de San Juan, permanecen confinadas puesto que la guerrilla restringe la movilidad y actividades cotidianas como la caza y la recolección de alimentos. Cabe señalar que en Puerto Limón fue reportado el hallazgo de un cadáver sin identificar, pero cuya muerte estaría relacionada con estas intimidaciones.
A esto se suma que el pasado 4 de agosto hombres de las Autodefensas Gaitanistas y del frente Resistencia Cimarrón del ELN incursionaron en el resguardo indígena del Río Panguí , en zona rural del municipio de Nuquí, donde 24 horas después (es decir el 5 de agosto) se presentaron nuevos enfrentamientos entre las dos organizaciones, resultando muertas dos personas, al parecer combatientes. La comunidad indígena de Panguí está compuesta por 458 habitantes que son víctimas constantes de la presión de uno y otro grupo, al ser acusados de supuesta colaboración con su oponente.
Ante este cada vez más delicado panorama, la Defensoría del Pueblo insistió en su requerimiento a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior para que se adopten las medidas correspondientes, al tiempo que anunció la realización este martes desde Quibdó, de una audiencia pública de seguimiento a la situación de derechos humanos en el Pacífico colombiano, con énfasis en la coyuntura actual del Chocó, la cual estará encabezada por el Defensor Alfonso Cajiao Cabrera.
